martes, 20 de noviembre de 2012
Bumerán estadístico popular
La brecha entre limeños acomodados y limeños pobres en las encuestas sobre el tema específico de la revocación refleja sobre todo la vida cotidiana de estos sectores. Para los primeros la ciudad es soportable, mientras que los segundos están expresando un intenso descontento. Pero una segunda mirada sugiere que el tema no es Susana Villarán.
El mayor reproche a la gestión municipal en la encuesta desagregada de Apoyo-Ipsos es la proliferación de la delincuencia, algo a lo cual los más pobres se encuentran particularmente expuestos. Pero solucionar el problema de la delincuencia no es tarea del municipio de Lima. Ni siquiera lo es realmente de los serenos de los concejos distritales.
Es sintomático que el mismo tema sea el principal reclamo de quienes desaprueban la gestión de Ollanta Humala, cuya desaprobación es mucho menor, y a quién nadie desea revocar. Con la diferencia de que atajar la delincuencia sí es una tarea del Poder Ejecutivo, a la cual tenemos entendido que Humala está dedicado de manera personal.
Hay, pues, factores que le están endilgando a Villarán y su equipo más de una responsabilidad que no le compete. Como si se le estuviera castigando por otros defectos, que las preguntas de la encuesta no ponen muy en foco. Lo cual es flaco consuelo, pues desorientados o no, esos sectores van a votar contra ella.
Ernesto Velit, consultado por El Comercio, opina que la crítica subyacente es a la ausencia de pequeñas obras de impacto rápido, y da como ejemplo las escaleras amarillas de Luis Castañeda. Liuba Kogan piensa que se percibe en Villarán un discurso negociador en lugar de autoritario, que es lo que se usa. Debilidades sutiles con grandes consecuencias.
A lo anterior podríamos sumar un disgusto frente a las reformas. Mercados y transporte, las reformas más sonadas, vienen siendo, en cierto modo, inevitables confrontaciones con gremios e intereses vinculados a lo popular. No importa que La Parada haya enfrentado a Villarán con esa delincuencia que C, D y E quieren erradicar.
Hay una contradicción. Una defensa tácita de la informalidad no va bien de la mano con un llamado a resolver el problema de la delincuencia. No porque ambas cosas sean lo mismo, que no lo son ni remotamente, sino porque pasarse por alto leyes y normas siempre es un caldo de cultivo de impredecibles consecuencias.
La oferta de una consulta revocatoria unida a una calumniosa campaña de descrédito, la baja aprobación de Villarán, los conflictos surgidos de necesarias reformas son algunas de las puertas que han conducido a esta corriente de opinión popular en el fondo contraproducente para quienes la conforman.
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